SANTIAGO — Con la fecha de entrada en vigencia de la Ley 21.719 fijada para el 1 de diciembre de 2026, el escenario regulatorio en Chile vive momentos decisivos. Mientras el Gobierno evalúa actualmente un proyecto de postergación debido a las dificultades técnicas para conformar el Consejo Directivo de la nueva Agencia fiscalizadora, las organizaciones de ambos sectores deben sopesar con precisión sus plazos de cumplimiento, ya que las reglas del juego son drásticamente distintas para el mundo público y el privado.
En este contexto, la consultora tecnológica Applicatta ha estructurado un esquema de servicios de diagnóstico y adecuación normativa de carácter modular e integral, diseñado de manera diferenciada para satisfacer las exigencias de los organismos públicos y las empresas privadas medianas.
El sector público sin período de gracia: Una urgencia que se mide desde el "día uno"
Una de las precisiones jurídicas más importantes de la Ley 21.719 es que las municipalidades y órganos de la Administración del Estado no cuentan con un período de marcha blanca. El artículo 6° transitorio de la ley, que faculta a la Agencia de Protección de Datos a aplicar únicamente una amonestación escrita durante los primeros 12 meses de vigencia, beneficia exclusivamente a las empresas privadas calificadas como de menor tamaño (SMEs/Pymes).
Por el contrario, las municipalidades e instituciones públicas quedarán sometidas al régimen sancionatorio completo desde el primer día de vigencia de la ley, lo que convierte su adecuación en una prioridad urgente e impostergable.
Un enfoque por capas contra la "parálisis por análisis"
Para responder a este desafío, el modelo de Applicatta se estructura en un esquema de capas incrementales. Esto permite reutilizar la evidencia levantada en cada etapa para evitar la duplicación de costos. La familia de servicios se divide en tres niveles de profundidad y un monitoreo preventivo:
- Diagnóstico Público: Evaluación externa y no intrusiva mediante rastreadores (crawlers) para identificar formularios expuestos, uso de cookies y scripts de terceros, y la existencia de políticas de privacidad en portales institucionales.
- Diagnóstico Asistido: Profundiza el levantamiento web mediante cuestionarios guiados para verificar bases de licitud, destinatarios de los datos y proveedores tecnológicos involucrados.
- Evaluación Integral: Auditoría profunda de procesos internos, analizando el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), bases de legitimidad, contratos de proveedores y transferencias internacionales.
- Monitoreo Continuo: Vigilancia periódica para detectar la aparición de nuevos formularios expuestos, cambios históricos en los activos públicos o posibles vulneraciones.
Para asegurar la rigurosidad técnica de los informes, la metodología de Applicatta separa por completo la recolección automática de datos de la validación profesional realizada por especialistas humanos, minimizando de manera significativa la existencia de falsos positivos en los informes finales de remediación. Además, Applicatta se encuentra gestionando activamente la habilitación y oferta de estos servicios mediante contratación directa y su búsqueda en los canales de Mercado Público.